El anteproyecto de Ley de Protección a la Infancia reconoce que la violencia que sufren estos niños, de manera directa o indirecta, condiciona su bienestar y desarrollo personal y afecta a su salud, física y psicológica. “Físicamente, provocan retraso en el crecimiento, trastornos de la conducta alimentaria, dificultad o problemas en el sueño, regresiones, menos habilidades motoras y síntomas psicosomáticos
(alergias, asma, eczemas, cefaleas, dolor abdominal, enuresis nocturna...)”, reconoce el texto del Gobierno.
“Emocionalmente, se detectan ansiedad, ira, depresión, aislamiento, trastornos de la autoestima, estrés post-traumático y proceso traumático y trastornos del apego o de la vinculación”, continúa. También se han detectado retrasos en el aprendizaje del lenguaje y del desarrollo verbal, en el desarrollo cognitivo y alteración del rendimiento escolar.
En cuanto a los problemas de conducta y sociales que sufren los niños en un entorno de violencia de género, se especifican “violencia hacia los demás, rabietas, desinhibiciones, inmadurez, déficit de atención-hiperactividad y conductas autodestructivas, falta de habilidades sociales, introspección o retraimiento y trastornos de la empatía”. Además, el anteproyecto admite que los hijos pueden convertirse “en instrumento de violencia y dominio sobre la mujer”.
La violencia sobre los menores que conviven con una mujer sometida a violencia de género es uno de los grandes problemas en estos casos. En la Macroencuesta de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género de 2011, el 70,6 % de las mujeres encuestadas que manifestó estar sufriendo violencia de género tenía hijos menores. Y el 61,7 % de las mujeres que estaban sufriendo maltrato cuando respondieron a la encuesta afirmaron que sus hijos menores habían padecido directamente situaciones de maltrato en algún momento.